La reciente publicación del Módulo de Inclusión Financiera dentro de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de noviembre de 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE Honduras) en colaboración con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), arroja una radiografía actualizada sobre la participación de la población hondureña en el sistema financiero formal. La encuesta, que abarcó 7,250 hogares equivalentes a 26,576 personas, proporciona datos de alta representatividad sobre acceso, uso y educación financiera, ofreciendo información relevante en un momento marcado por debates políticos sobre la regulación del crédito.
Uso del crédito y factores determinantes
El informe demuestra que la utilización del crédito está directamente vinculada a los niveles de renta, incrementándose a medida que se avanza en los quintiles de ingresos. Esta tendencia se explica por elementos estructurales como la capacidad de pago, la demanda efectiva, el conocimiento de la oferta financiera, la educación financiera y la alfabetización digital.
La encuesta incluyó preguntas sobre la solicitud de préstamos en los últimos 12 meses, considerando diferentes fuentes: instituciones financieras, prestamistas informales, casas de empeño y comercios. Para quienes no solicitaron crédito, se indagó el motivo. Los resultados muestran que el 91,3% de las razones corresponden a la falta de demanda o a percepciones de riesgo: «No lo he necesitado», «No cumplo con los requisitos» y «Tomar un crédito es demasiado riesgoso». Por el contrario, la razón vinculada a estar inscrito en la Central de Riesgos, que ha sido citada en debates políticos, representó apenas 0,7%, un dato que indica su relevancia marginal dentro de las barreras de acceso al crédito.
Estos resultados difieren de las afirmaciones de figuras políticas, como la aspirante oficialista de LIBRE, quien ha sostenido que la Central de Riesgos restringe el acceso al crédito y ha planteado su supresión. Los datos estadísticos indican que las verdaderas barreras para el acceso financiero están más vinculadas a factores socioeconómicos, educativos y de ahorro, además de la percepción de riesgo generada por el entorno económico.
Inclusión financiera y comparativo regional
En cuanto a la intervención en el ámbito financiero, el estudio revela que el 42% de los habitantes mayores de 15 años posee algún tipo de cuenta bancaria o monedero digital. Esta cifra concuerda con los datos del Global Findex 2025 del Banco Mundial, que para Honduras en 2024 también indica un 42%, situando a la nación por debajo de países cercanos como Costa Rica (71%) o Panamá (64%). Adicionalmente, se percibe un descenso respecto a los indicadores anteriores a la pandemia de 2017, lo cual subraya las dificultades inherentes que afronta el país en materia de acceso a servicios financieros.
El estudio subraya que la ampliación del acceso al crédito y a servicios financieros requiere soluciones basadas en evidencia, como educación financiera, fortalecimiento del ahorro y mejora del clima de negocios. Medidas que impliquen la eliminación o manipulación de información crediticia podrían resultar en un retroceso institucional y en mayores barreras para quienes aún no tienen acceso al sistema formal.
Retos organizacionales y panorama financiero
El módulo de inclusión financiera permite identificar los nudos críticos que limitan la expansión del crédito en Honduras. Más allá de discusiones políticas sobre la Central de Riesgos, el acceso y uso del crédito está condicionado por la capacidad económica de los hogares, la educación financiera y la percepción de riesgo en un entorno marcado por la volatilidad económica y altos niveles de informalidad laboral.
La evidencia recopilada por el INE Honduras, la CNBS y el BID ofrece un insumo valioso para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la participación financiera de manera segura y sostenible, evitando la adopción de medidas que no respondan a datos comprobables. El análisis de la encuesta confirma que la inclusión financiera es un proceso multifactorial, donde los ingresos, la educación y la planificación económica son determinantes más relevantes que la sola regulación del crédito.