La legisladora liberal Maribel Espinoza señaló signos que, según su opinión, ponen en riesgo el orden constitucional respecto a las elecciones programadas para el 30 de noviembre. En un ambiente de elevada polarización institucional, la parlamentaria hizo un llamamiento a los partidos de oposición más importantes para que respondan ante lo que ella ve como una táctica del gobierno para afianzar su poder al margen de las vías democráticas.
Indicadores de riesgo en la gestión del proceso electoral
Durante un discurso público, Espinoza señaló al partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), de llevar a cabo medidas destinadas a dominar el sistema electoral con propósitos de continuidad. Entre sus mayores inquietudes, mencionó el riesgo de alteración en el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que en este momento lidia con conflictos por el puesto libre tras la consejera Ana Paola Hall.
De acuerdo con la legisladora, se está tratando de establecer una mayoría favorable al oficialismo en el CNE, lo que podría poner en riesgo la integridad de las elecciones generales. Además, señaló que hay intencionados impedimentos en la preparación de los comicios, lo que, según aseguró, podría afectar tanto su ejecución como los resultados.
En el sector judicial, Espinoza afirmó que la pasividad del Ministerio Público ante acusaciones relacionadas con miembros del partido gobernante alimenta una sensación de impunidad. La ausencia de investigaciones, señaló, fragiliza los contrapesos institucionales y empeora el desequilibrio entre los poderes del Estado.
Llamado a los grupos opositores y sugerencias específicas
Ante esta situación, Espinoza exhortó a las autoridades del Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras y su propio Partido Liberal a permanecer decididos en la protección de los valores democráticos. En su comunicado, les pidió que no acepten retrocesos en las instituciones ni renuncias a los derechos constitucionales bajo el pretexto de un supuesto consenso.
Como acciones inmediatas, sugirió la pronta designación del sustituto de Hall en el CNE para garantizar el funcionamiento del organismo electoral. Además, pidió extender el periodo para la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un mecanismo esencial para reforzar la confianza en el conteo.
Espinoza destacó la importancia de mantener una conversación sincera, pero insistió en que esto no debe conllevar a compromisos que puedan debilitar la estructura legal actual. Según su perspectiva, la protección del orden democrático es una responsabilidad conjunta de todos los sectores políticos y sociales de la nación.
Un ambiente de creciente tensión institucional
Las afirmaciones de la diputada ocurren durante una larga parálisis en el Congreso Nacional, un escenario marcado por controversias relacionadas con la composición del CNE y la selección de las nuevas cabezas del Ministerio Público. La ausencia de consensos ha detenido decisiones cruciales para el funcionamiento de entidades estratégicas, incrementando la incertidumbre sobre el siguiente proceso electoral.
Este entorno muestra los retos que enfrenta el sistema político de Honduras para solucionar sus desacuerdos mediante los cauces institucionales. A escasos meses de las elecciones, continúan las dudas sobre la neutralidad de las entidades electorales, el comportamiento del sistema judicial y el compromiso auténtico de los actores políticos para asegurar un proceso justo y claro.
La advertencia lanzada por Espinoza, aunque enmarcada en el discurso opositor, pone de relieve las tensiones que atraviesan la vida institucional del país. El rumbo que adopte el proceso electoral de noviembre será determinante para medir la solidez del orden democrático y la capacidad del Estado para preservar su legitimidad frente a crecientes signos de confrontación.