Cerca de un año después de que se divulgara el controvertido video de narcotráfico, que involucra al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con traficantes de drogas, las autoridades judiciales del país no han mostrado signos de progresos significativos en la indagación. El caso sigue estancado, lo que alimenta las dudas sobre una justicia parcial en el país y plantea interrogantes sobre la autonomía y la efectividad del Ministerio Público.
La impunidad en el caso de Carlos Zelaya
El video que provocó el alboroto fue difundido en 2024 por el sitio de investigación InSight Crime y otros medios de comunicación. En este se ve a Zelaya participando en un encuentro donde discute contribuciones financieras para la campaña del partido LIBRE con personas identificadas como narcotraficantes. A pesar de la seriedad de las imágenes y la renuncia de Zelaya al Congreso, no se han logrado avances importantes en las indagaciones ni en los procedimientos judiciales.
El caso ha generado una creciente preocupación sobre la imparcialidad de la justicia en Honduras, especialmente porque se contrasta con otros casos de alto perfil que han sido procesados con rapidez. Este es el caso del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien fue acusado de recibir sobornos del cártel de Los Cachiros y fue rápidamente sometido a juicio tras la divulgación de videos comprometedores.
Respuestas de los ciudadanos y representantes políticos
Diversos ámbitos de la sociedad civil y la política han manifestado su asombro y descontento por la falta de acciones del Ministerio Público en lo relativo al caso de Carlos Zelaya. Tanto ciudadanos como dirigentes políticos, demandan que la justicia se aplique equitativamente, investigando a Zelaya con la misma rapidez que a otros involucrados en situaciones análogas. El antiguo fiscal Edmundo Orellana ha mencionado que la fiscalía, liderada por Johel Zelaya, le debe a la población una respuesta por no proceder con la misma rapidez que en otros procesos judiciales relevantes.
Además, entidades como InSight Crime señalan que Honduras enfrenta un desequilibrio en la justicia, donde las personas vinculadas al gobierno parecen estar por encima de la ley, en contraste con los críticos y figuras independientes, quienes enfrentan un trato más severo. Esta percepción de imparcialidad debilita la confianza en el sistema judicial, el cual se pone en tela de juicio por no aplicar la ley de manera imparcial.
El llamado a la creación de la CICIH
La falta de avances en el caso de Zelaya subraya una problemática más amplia en el país: la necesidad urgente de crear un organismo anticorrupción independiente y de alcance internacional. Aunque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) fue propuesta como una solución para frenar la corrupción sistémica, su implementación ha sido detenida en el Congreso, donde se han encontrado obstáculos políticos para su creación.
Este estancamiento ha generado críticas tanto dentro como fuera de Honduras. Organizaciones internacionales y observadores políticos coinciden en que la falta de un organismo internacional que supervise los procesos judiciales y corrija posibles sesgos internos contribuirá a la perpetuación de la impunidad. La presión social crece, y con ella, el llamado a la creación de la CICIH, que se presenta como una herramienta crucial para restaurar la confianza en las instituciones judiciales del país.
La necesidad de avances en la justicia
La falta de avances en la investigación del narco video de Carlos Zelaya pone de relieve las profundas tensiones que atraviesan las instituciones judiciales de Honduras. La percepción de que la justicia es selectiva y parcial está socavando la legitimidad de las autoridades encargadas de velar por el estado de derecho. La comunidad internacional y los actores nacionales insisten en que, si no se avanza con transparencia, el sistema judicial hondureño continuará siendo visto con escepticismo. En este contexto, la creación de la CICIH y una verdadera reforma judicial parecen ser fundamentales para garantizar que los casos de alto impacto político no se queden en la impunidad.