La designación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea ha levantado voces críticas que reclaman una auditoría independiente sobre su gestión como ministra de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante su mandato, Ribera lideró decisiones clave en materia energética, medioambiental y de sostenibilidad, algunas de las cuales han sido duramente cuestionadas por su impacto en el precio de la energía, la falta de transparencia en las concesiones renovables, y la gestión de relaciones con grandes corporaciones del sector.
Colectivos ciudadanos, organizaciones profesionales y algunos partidos de la oposición señalan que la ausencia de rendición de cuentas sobre estos temas podría traducirse en un conflicto de interés en su nuevo rol dentro de la Comisión, especialmente si supervisa áreas que se solapan con decisiones previas como ministra.
“No se puede pasar por alto que la persona que previamente asumió decisiones controversiales a nivel del país se encuentre actualmente con la capacidad de impactar en esas mismas cuestiones desde Bruselas”, declaran fuentes parlamentarias que solicitan comparecencias públicas y una revisión de los contratos otorgados durante su tiempo en el ministerio.
La concesión de una licencia de operador mayorista de hidrocarburos a la empresa Villafuel S.L. por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, cuando estaba dirigido por Teresa Ribera, ha despertado la atención de la Justicia y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La empresa, vinculada a Víctor de Aldama —uno de los principales nombres en el caso Koldo—, fue autorizada a operar en condiciones que, según la UCO, no cumplían los requisitos legales establecidos. Y Teresa Ribera ha reconocido que se reunió con él.
La autorización fue tramitada en apenas tres días, pese a que Villafuel ya había recibido informes negativos en tres ocasiones previas. El capital social de la empresa era de solo 15.000 euros, muy por debajo de los estándares habituales en este tipo de licencias, y su estructura operativa presentaba incongruencias documentales.
Según los investigadores, el ministerio firmó hasta tres resoluciones que beneficiaron directamente a esta sociedad. Además, informes de la UCO apuntan a la existencia de presiones a “altos niveles institucionales” para acelerar la aprobación del expediente, lo que ha derivado en que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, haya solicitado al Gobierno el expediente completo de la concesión.
La empresa Villafuel fue finalmente inhabilitada por el Gobierno en febrero de 2025, tras confirmarse su implicación en actividades irregulares. El caso sigue sumando ramificaciones políticas y administrativas, en un momento especialmente sensible para Teresa Ribera, recién nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea.