A cinco meses de los comicios generales del 30 de noviembre, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta una coyuntura crítica marcada por divisiones internas, acusaciones de corrupción y un descenso pronunciado en la intención de voto. En un escenario electoral cada vez más incierto, el desgaste acumulado del partido gobernante amenaza con poner fin a su permanencia en el poder.
Rupturas internas y falta de unidad
La designación de Rixi Moncada como la aspirante oficialista hizo evidentes las tensiones latentes en LIBRE. La renuncia subsecuente del legislador Jorge Cálix, un personaje con experiencia dentro de la organización, puso de manifiesto los serios desacuerdos relacionados con la dirección política y el modo de liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron de la agrupación, acusó prácticas autoritarias y un ambiente de exclusión.
Como respuesta, la dirigencia del partido convocó movilizaciones en respaldo tanto de la presidenta Xiomara Castro como de la propia Moncada. No obstante, estos actos no lograron revertir la percepción de una organización debilitada, sino que han sido interpretados por diversos sectores como intentos por retener el control político en medio de un entorno adverso.
Casos de corrupción y dudas sobre la transparencia
La situación empeoró tras conocerse las supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en las que legisladores cercanos al gobierno fueron acusados de malversar recursos destinados a programas sociales. El caso más significativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue comunicada junto a la cancelación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en masa del partido al fuero legislativo.
A pesar de que estas decisiones parecen ser definitivas, grupos opositores, especialmente el Partido Nacional, las describieron como tácticas simbólicas para distraer la atención. Según lo expresado por sus portavoces, las medidas del gobierno no han resultado en sanciones concretas ni en investigaciones efectivas que aseguren la rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las críticas no han estado confinadas al ámbito político. Desde el campo empresarial, importantes voces han expresado sus preocupaciones acerca de la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó directamente al gobierno de haber traicionado el mandato de la ciudadanía mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo discrecional de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con redes criminales.
Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.
Caída en los sondeos y rediseño del panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes indican una rápida disminución de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recolectados entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras significativamente inferiores al 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la variabilidad entre las encuestas, sugiere un electorado fragmentado que busca nuevas opciones.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva ambigua para el gobierno actual
La situación presente pone a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y oposición popular ha erosionado su situación rumbo a los comicios generales. Si esta tendencia persiste, el partido en el gobierno podría no solo perder el mando del Ejecutivo, sino también poner en riesgo la iniciativa política que lo llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará condicionado por la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, responder a las demandas sociales y proporcionar explicaciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, la elección del 30 de noviembre podría representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.