Diez meses después de la divulgación del video que vincula a una figura clave del entorno presidencial con el narcotráfico, la Fiscalía de Honduras continúa sin ofrecer resultados concretos. La inacción del Ministerio Público ante un escándalo que involucra al círculo más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha intensificado la presión política y alimentado una creciente desconfianza en las instituciones.
La Fiscalía no ofrece explicaciones precisas en un caso importante
Desde que en septiembre de 2024 se diera a conocer el video llamado “narcovideo”, donde Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la mandataria Castro, aparece en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado progresos procesales tangibles. En el video, los participantes proponen dar 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Luego de la filtración, Carlos Zelaya dimitió de su posición como diputado y secretario del Congreso Nacional. Igualmente, su hijo, José Manuel Zelaya, renunció a su rol de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, líder del grupo oficialista, también ofreció su dimisión. No obstante, aparte de estas renuncias, no se han tomado medidas legales específicas.
La Fiscalía ha comunicado que el asunto está “en revisión”, habiéndose solicitado colaboración legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentación relacionada con procesos judiciales anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre los resultados de estas gestiones, ni se ha divulgado un plan de investigación al público.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La divulgación del video generó una ola de reacciones desde distintos sectores. La presidenta Xiomara Castro condenó cualquier vínculo entre actores políticos y estructuras criminales, pero enmarcó la filtración como un intento de desestabilizar su gobierno con miras a las elecciones de 2025.
Sin embargo, para grupos anticorrupción y sectores en contra, el escándalo ha cuestionado la honestidad del plan político de LIBRE. Algunos actores han pedido incluso la dimisión de la presidenta, afirmando que el caso va en contra de su mensaje de cambio y de combate contra el narcoestado.
Estas posiciones evidencian una tensión que va en aumento en el escenario político del país, donde las demandas para clarificar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional que muchos consideran inadecuada. La ausencia de medidas concretas por parte del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos que involucran a personas cercanas a autoridades.
Desgaste institucional en un entorno de polarización electoral
El “narcovideo” no es un caso único. Forma parte de varios escándalos recientes que han mermado la confianza del público en los cambios prometidos por el gobierno de Castro. La ausencia de acciones judiciales ha fortalecido la opinión de que el gobierno no responde con igual firmeza cuando los involucrados pertenecen al partido en el poder.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este caso cobra importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el partido gobernante intenta reducir el impacto del escándalo en su discurso público. En esta situación, la exigencia social por transparencia y justicia permanece como un factor de presión constante.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
Casi un año después de haberse dado a conocer, el narcovideo sigue sin llevar a acciones legales concretas, al tiempo que crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y la dedicación del gobierno a la apertura informativa. La continua inacción daña todavía más la credibilidad de las instituciones, en una nación caracterizada por su pasado de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en el ámbito político.
La gestión de esta situación implica, no solo un desafío inminente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también un examen crucial para la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma de abordarla o ignorarla determinará el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral extremadamente polarizado.