En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a serias críticas de parte de grupos políticos, empresariales y sociales. Estos grupos acusan al partido de llevar a cabo acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de dominio político sobre el órgano electoral.
Preguntas sobre la función de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Una de las mayores fuentes de controversia ha sido la suspensión en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados a LIBRE bloquearon el acceso a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), dificultando que las compañías proveedoras presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, calificó estas acciones como un atentado directo al proceso electoral, advirtiendo sobre su impacto negativo en la credibilidad de la institucionalidad democrática. La interrupción del proceso del TREP no solo retrasó la planificación electoral, sino que también alimentó la percepción de que se intenta generar condiciones propicias para manipular los resultados.
Además, se han documentado casos de presión ejercida por grupos relacionados con LIBRE, que incluyen incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones del estado. Estos acontecimientos, en su conjunto, han sido vistos por grupos opositores como una estrategia destinada a debilitar la independencia del CNE y facilitar su eventual dominio político.
Riesgos de concentración de poder en el órgano electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, asuman roles, si las consejeras actuales son inhabilitadas, ha generado preocupación entre figuras políticas que piensan que este reemplazo disminuiría la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de análisis han expresado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Ciertas personas han pedido que entidades internacionales intervengan para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al procedimiento y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha señalado un supuesto uso estratégico de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los intereses del gobierno.
Dichas tensiones han provocado que diferentes sectores pidan el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, ante lo que perciben como una creciente amenaza a la integridad del proceso democrático.
Se señalan casos de información falsa y manejo del votante
Un punto adicional de crítica hacia LIBRE se centra en la difusión de encuestas que se consideran incorrectas o manipuladas, mostrando una gran ventaja para la precandidata del oficialismo, Rixi Moncada. Algunas de estas encuestas han sido desmentidas por las mismas empresas encuestadoras, las cuales han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y métodos.
El movimiento de estas encuestas ha sido visto como una táctica para influir en la opinión pública e infundir la noción de una victoria segura, lo que, según algunos grupos opositores, pretende influir en el resultado de las elecciones y cuestionar la legitimidad de una posible derrota. Este tipo de acciones ha ayudado a aumentar el ambiente de desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un escenario ya caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la difusión de información falsa se ha transformado en un elemento adicional de inestabilidad, con posibles consecuencias en la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Un escenario preelectoral marcado por la desconfianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
Con menos de cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta importantes retos para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este contexto, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restaurar condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.