EL PAÍS inició en 2018 una investigación sobre la pederastia de la Iglesia española y sus habitantes una base de datos actualizado con todos los casos conocidos. Si conoces algún caso en el que no puedes ver la luz, puedes escribir esto: abusos@elpais.es. Si este es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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El Defensor del Pueblo ha recogido en los últimos cinco meses otros 95 testimonios de víctimas de la pederastia de la Iglesia, como avanzó a continuación el titular del órgano, Ángel Gabilondo, durante la presentación de su memoria anual al Congreso de los Diputados. Estos informes se refieren a los 487 que Gabilondo incluyó en la información según la cual el Congreso se hizo cargo en 2022 de «denuncias de abusos sexuales en el marco de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos» y que comenzó el mes de octubre. En total, 582 personas fueron escuchadas por la entidad pública para denunciar los abusos sexuales que sufrieron. En algunos casos, las relaciones se remontan a años anteriores. Respecto a la localización de estos nuevos casos de abusos en una versión actualizada de la información, Gabilondo adelantó que depende de la presentación del estudio al Parlamento. “Estamos pensando en dónde nos vamos a acostumbrar, pero estamos cambiando la información ahora mismo y lo que se presenta al Congreso”, explicó. De todas formas, el defensor ha asegurado que estos nuevos datos no «modifican las conclusiones» que aparecen en el estudio. La base de datos de EL PAÍS —la única pública que detalla todos los casos que han salido a la luz por cualquier vía, como sentencia judicial o ingreso en instituciones eclesiásticas— ha contabilizado 2.608 víctimas y 1.460 acusados.
El Congreso de los Diputados recomendó por mayoría absoluta al Defensor del Pueblo la elaboración de este trabajo en marzo de 2022, tras la investigación de este período -realizada en 2018 y que los científicos de los casos de pederastia- han trabajado en las instituciones públicas para abordar la problema. Gabilondo creó dos grupos de trabajo, un equipo de seguimiento y atención a las víctimas y una comisión de expertos para analizar los datos y redactar la información. Los trabajos comenzaron en un año medio y los resultados fueron demoledores: el 1,13% de la población residente en España —o 440.000 personas, según cálculos de PAÍS— sufrió abusos en el ámbito religioso, según la estimación de una encuesta de gran envergadura. el cual subí para incorporarlo al estudio.
En la información, de 779 páginas, se desprende que las distintas diócesis y órdenes religiosas no cooperan por igual con la Defensoría a la hora de solicitar información sobre los casos que conocen. “Ninguno de nuestros obspos colaboró, tenemos de qué quejarnos”, dijo Gabilondo a los medios cuando hizo público el documento en octubre. Asimismo, los testimonios recogidos por el equipo de estudio destacan «el impacto devastador que los abusos tuvieron en personas concretas» y la actuación negativa de la Iglesia ante el escándalo, silenciando en muchas oportunidades a los afectados y eludiendo su responsabilidad. Por ello, la institución ha decidido mantener canales de lectura para recibir testimonios y dar respuesta a las personas que los necesiten. «Es necesario dar respuesta a una situación de sufrimiento y soledad que, a lo largo de los años, se ha mantenido, de otra manera, tapada por un silencio injusto», añadió Gabilondo durante su presentación.
Hoy, indica la institución, “la misión fundamental” es la que corresponde al poder legislativo antes de las 24 recomendaciones que incluía su estudio. La más relevante es la cuestión de la reparación a las víctimas, por lo que el defensor defiende la creación de un fondo estatal -y en el que participe la Iglesia- para pagar las indemnizaciones y un organismo especial de carácter temporal que lo regule. Sobre esta propuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió durante su debate de investigación en noviembre «una reforma legal» para que no prescriba la responsabilidad civil en estos actos. “Vamos a crear un fondo estatal para el pago de ayudas e indemnizaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos y vamos a comprometer a la Iglesia católica a reconocer y reparar a todas las personas que lamentablemente han sufrido abusos por su parte. del clero”, dijo. Las autoridades españolas aseguraron que no participarían en esta iniciativa y que serían también ellas quienes desarrollarían un plan de reparación integral para las víctimas. Sin embargo, esta no será independiente y, según datos publicados por la Conferencia Episcopal Española, con información propia, la Iglesia española sólo ha creado una de cada 10 víctimas que han denunciado un caso de abuso.
Entre otras recomendaciones, la información del Defensor indica que las diócesis y los institutos de vida consagrada «deben permitir a los investigadores el acceso a la información contenida en los archivos», que deben hacer un examen completo de las almas y de la Iglesia. En general “debería prestar la máxima atención al proceso de selección de sus miembros”.
Gabilondo no pidió opinión sobre la posición que debe tomar el Congreso ante sus propuestas: “No hay nadie que decida (a los diputados) lo que esto debe hacer. Sin dinero, sin impuestos, sin impuestos”. Sin embargo, quedó registrada la urgencia de que las víctimas sean reconocidas como historias vinculadas al estatus y a la necesidad de reparación económica.