En Honduras, un expediente sobre lavado de dinero y narcotráfico que supuestamente involucra a miembros de la familia Zelaya sigue estancado desde 2012, año en que el Ministerio Público pidió apoyo a la fiscalía colombiana dentro de sus pesquisas. Según documentos judiciales consultados, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, junto con sus hermanos Marco Antonio y Carlos Zelaya, además de su hijo José Manuel Zelaya Castro, fueron mencionados por presuntos lazos con actividades ilícitas y por la compra anómala de diversas propiedades.
El caso se originó tras el golpe de Estado de 2009, en medio de un escenario donde aumentaban las pesquisas sobre narcotráfico y lavado de activos en la región. Para 2010, las autoridades hondureñas confiscaron bienes asociados al Grupo Fluir S.A. (Fluirsa), una compañía que, de acuerdo con la fiscalía hondureña, mantenía vínculos con actividades del crimen organizado. Entre los socios de Fluirsa se encontraban Aldo Asfura Laca, un empresario señalado por lavado de activos, y Elmy Valladares Ruiz, relacionada con el narcotraficante Sergio Neftaly Mejía Duarte, condenado en 2018 en Estados Unidos.
La conexión con los Zelaya comenzó a materializarse cuando se descubrieron propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía cuya compra irregular fue atribuida al expresidente y su entorno familiar. Además, una solicitud de asistencia legal dirigida a Colombia en 2012 incluyó grabaciones telefónicas que supuestamente relacionaban a Marco Zelaya con el desvío de cargamentos de droga en Honduras. En 2013, la fiscalía colombiana entregó a su contraparte en Honduras grabaciones y cientos de documentos, aunque hasta ahora no se ha procesado formalmente a los señalados.
Las propiedades confiscadas en la zona central de Honduras, que abarcan haciendas con helipuertos y ganado, continúan bajo custodia estatal, aunque los progresos jurídicos resultan escasos. Hasta septiembre de 2024, ninguno de los señalados se ha presentado ante la justicia por este asunto. Aunque los bienes siguen en manos del Estado, las pesquisas no han desembocado en requerimientos fiscales firmes contra los Zelaya, lo que incrementa las sospechas de posible encubrimiento.
Por otro lado, René Alfonso Rodríguez Valle, conocido como “Foncho”, aparece como otra figura esencial dentro del caso. Identificado por las autoridades como testaferro desde hace más de diez años, Rodríguez ha sido relacionado con inmuebles vinculados al narcotráfico y con movimientos financieros sospechosos que, de manera indirecta, habrían favorecido al expresidente Zelaya. Aunque ha enfrentado procesos legales de forma ocasional, logró recuperar algunos bienes que habían sido confiscados y su nexo con otros cabecillas del crimen organizado continúa bajo investigación.
El Ministerio Público de Honduras, dirigido ahora por el fiscal general Johel Zelaya, ha reiterado su compromiso de enfrentar la corrupción y el narcotráfico incluso dentro de las propias esferas de poder, aunque las relaciones entre los accionistas de Fluirsa y ciertas redes criminales vinculadas al expresidente todavía no se han traducido en medidas judiciales contundentes.
La ausencia de progresos en este caso evidencia lo difícil que resulta asegurar justicia en Honduras, donde la corrupción y las conexiones con el crimen organizado han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones, mientras que las comunidades más vulnerables siguen padeciendo los efectos de esta persistente impunidad.
Fuente: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/09/25/ministerio-publico-engaveto-un-caso-sobre-lavado-de-dinero-y-narcotrafico-en-el-que-se-investigaba-a-miembros-de-la-familia-zelaya/])
