Hasta cinco organismos internacionales, incluyendo la Comisión Europea, el Consejo de Europa y Transparencia Internacional, han señalado importantes fallas en la lucha contra la corrupción en España. A pesar del discurso de «tolerancia cero» del Gobierno de Pedro Sánchez, los informes apuntan a serias carencias en los mecanismos de prevención, transparencia e implementación de reformas clave, lo que mantiene al país bajo una estricta vigilancia internacional.
Reformas insuficientes y problemas estructurales
El Consejo de Europa y su Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) han insistido en que España continúa sin aplicar las recomendaciones emitidas desde 2013, sobre todo en lo relativo a la normativa de los lobbies, la independencia judicial y la transparencia dentro de la Fiscalía, y el GRECO señala que el sistema vigente para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue alimentando la idea de politización y que aún no se han adoptado acciones claras que aseguren la autonomía del poder judicial.
Por su parte, la Comisión Europea ha descrito la corrupción como un problema que sigue arraigado en España, advirtiendo sobre posibles irregularidades en la financiación de los partidos políticos y en la asignación de contratos públicos. De acuerdo con Bruselas, la ausencia de una estrategia sólida y la escasa aplicación de las normas están deteriorando de forma notable la credibilidad del país dentro del ámbito comunitario.
Déficits en transparencia y aplicación de la ley
El informe de Transparencia Internacional refleja un retroceso en el índice de percepción de la corrupción, otorgando a España solo 55 puntos sobre 100. Este resultado coloca al país por debajo de sus homólogos europeos mejor valorados, como Alemania o los países nórdicos, y apenas por encima de naciones como Italia. Asimismo, la falta de avances en áreas como los conflictos de interés y la limitada capacidad del Consejo de Transparencia para imponer resoluciones refuerzan las críticas hacia la gestión del Gobierno.
Ausencia de una estrategia unificada
Uno de los aspectos que más inquieta a la OCDE es la amplia dispersión de funciones dentro de la estructura institucional española, donde la falta de un ente central encargado de coordinar la estrategia contra la corrupción ha limitado tanto la supervisión como la coherencia en la aplicación de las medidas. Asimismo, la normativa vigente ha evidenciado una ejecución desigual, especialmente en áreas sensibles como la actividad de los grupos de presión y la administración de la financiación pública.
Respuestas del Gobierno y perspectivas futuras
En julio de 2025, el presidente Pedro Sánchez presentó un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, bajo la promesa de reforzar salvaguardias institucionales y atender las recomendaciones internacionales. Sin embargo, organismos como la Comisión Europea y el GRECO han dejado claro que las declaraciones de intenciones no sustituyen a las reformas concretas. Las evaluaciones programadas para 2026 serán clave para determinar si el plan tiene un impacto tangible en la credibilidad institucional del país o si se mantienen los problemas estructurales actuales.
Conclusión: un reto permanente
La corrupción sigue siendo una preocupación central tanto para el ámbito público como político en España. La presión internacional para abordar estas deficiencias plantea un desafío significativo para el Gobierno, que deberá demostrar su capacidad para implementar cambios sustanciales en el corto plazo.
Procedencia: Libertad Digital https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-04-27/espana-sigue-bajo-vigilancia-internacional-por-la-corrupcion-pese-a-prometer-tolerancia-cero-1b-7394933/
