La Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El nombramiento de Teresa Peramato Martín como fiscal general debía servir para cerrar una etapa marcada por la condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, y para reconstruir la confianza en una institución dañada por la sospecha de politización. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, varias de sus decisiones han terminado alimentando una pregunta incómoda: ¿está Peramato intentando sanar la Fiscalía o proteger el ecosistema interno que la llevó hasta allí?
Conviene partir de una precisión esencial. Según la información revisada, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco consta que participara directamente en las reuniones vinculadas al llamado caso Leire Díez, celebradas en marzo y abril de 2025, cuando ella todavía no era fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se sostiene hoy sobre una prueba judicial directa contra ella, sino sobre algo políticamente muy relevante: su gestión posterior, sus nombramientos, sus decisiones de amparo hacia García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía ya cuestionada.
El problema de Peramato no es, por ahora, penal. Es institucional. Y eso no lo hace menor.
Una fiscal general que llega con prestigio, pero también con mochila
Teresa Peramato llegó a la Fiscalía General con una trayectoria profesional sólida. Había sido fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y una figura reconocida en materias como violencia sobre la mujer y protección de víctimas. Además, el Consejo General del Poder Judicial avaló por unanimidad que reunía los requisitos para el cargo.
Pero su nombramiento no se produjo en el vacío. Llegó después de Álvaro García Ortiz, cuya etapa dejó a la Fiscalía bajo una presión enorme. Peramato no heredó una institución tranquila, sino una Fiscalía fracturada, cuestionada y sometida a una acusación recurrente de dependencia política. Por eso, desde el primer momento, su gran reto no era solo ser técnicamente válida, sino demostrar independencia real.
Y ahí empieza el problema.
Peramato prometió “sanar la herida” de la Fiscalía. Sin embargo, varias de sus decisiones posteriores han sido interpretadas justo en sentido contrario: no como una ruptura con la etapa anterior, sino como una continuidad sofisticada de sus equilibrios internos.
El eje central de la crítica: designaciones, resguardo y persistencia
La fase más delicada de esta investigación no reside en una imputación explícita que vincule a Peramato con una red encubierta, sino en la suma de decisiones que, consideradas en conjunto, dibujan un panorama extremadamente complicado de sostener ante la opinión pública.
Primero, sus nombramientos. En febrero de 2026, Peramato impulsó una tanda de ascensos en la que fueron promovidos fiscales próximos al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos, Diego Villafañe, identificado como una figura cercana al anterior fiscal general en la Secretaría Técnica. Más tarde, cuando se conoció que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían participado en reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la polémica adquirió otra dimensión: Peramato no solo había heredado ese entorno, sino que había promovido a personas relacionadas con una controversia aún no explicada con suficiente transparencia.
Ese es el punto verdaderamente corrosivo. Aunque las reuniones fueran anteriores a su llegada al cargo, la promoción posterior de personas asociadas a ellas exige una explicación reforzada. No basta con invocar mérito y capacidad cuando la institución está bajo sospecha. En momentos de crisis reputacional, la legalidad formal no siempre basta; también hace falta prudencia institucional.
Segundo, su proceder en relación con García Ortiz. Peramato confirmó su vuelta a la carrera fiscal, rechazó incoar un expediente disciplinario y respaldó que la Fiscalía impugnara ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su predecesor. Desde el plano jurídico, puede argumentarse que tales decisiones encajan en la actividad ordinaria del Ministerio Fiscal. En el ámbito político, no obstante, resultan demoledoras para quien había asegurado inaugurar una etapa distinta.
La cuestión crucial resulta ineludible: de qué manera podría recuperarse la confianza en una institución cuando uno de los primeros gestos públicos consiste en brindar resguardo al fiscal general saliente, precisamente el hombre que representaba el deterioro previo?
Tercero, la no renovación de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había declarado contra García Ortiz. Esta decisión fue interpretada por sectores críticos como una represalia o, al menos, como un mensaje interno: quien se aparta de la línea dominante puede quedarse fuera. La Fiscalía defendió la decisión en términos de mérito y capacidad, pero el contexto político e institucional convirtió el movimiento en munición perfecta para quienes denuncian una Fiscalía de bloques, lealtades y castigos.
El caso de Leire Díez: una sombra que lo intensifica todo
El caso Leire Díez actúa como un potente catalizador de la sospecha, ya que, según la información revisada, la Fiscalía comunicó al juez Santiago Pedraz que se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo, mientras que la versión oficial sostuvo que García Ortiz fue notificado después y que lo tratado en esos encuentros no ofrecía una base probatoria suficiente.
Sin embargo, esa aclaración aún deja numerosas dudas pendientes.
¿Quién autorizó esas reuniones?
¿Por qué se celebraron en el entorno de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos se implementaron?
¿Qué motivo hubo para que no quedara registrado con mayor claridad lo sucedido?
¿Cuándo supo Peramato exactamente la relevancia de esos contactos?
¿Disponía de esa información antes de ascender a algunos de los fiscales implicados en la controversia?
Estas preguntas, por sí solas, no evidencian una conducta ilícita de Peramato, pero sí dan pie a una crítica contundente sobre la gestión institucional. Una Fiscalía que pretende recuperar su credibilidad no puede limitarse a afirmar que no existe delito; debe mostrar que no hay opacidad, que no se otorgan privilegios y que no se ampara ninguna forma de protección corporativa.
En este caso, la Fiscalía parece haber actuado tarde, a la defensiva y sin una estrategia clara de transparencia.
Diferencias entre una sospecha política y la evidencia judicial
Es fundamental no mezclar ámbitos. La expresión “cloacas del PSOE” forma parte del discurso político y mediático, una consigna combativa más que un término jurídico. Desde la perspectiva judicial, lo que hay es una pesquisa acerca de supuestas maniobras destinadas a obtener datos, influir en determinados casos o entorpecer procedimientos delicados.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero sería igual de ingenuo ignorar el deterioro político e institucional. La Fiscalía no solo debe ser imparcial; debe parecerlo. Y en este caso, la apariencia es uno de los grandes problemas.
Peramato está pagando el precio de una contradicción: quiere presentarse como una figura de recomposición, pero muchas de sus decisiones han reforzado la idea de continuidad. Quiere hablar de independencia, pero sus gestos han sido leídos como protección del bloque anterior. Quiere cerrar heridas, pero sus nombramientos han reabierto divisiones internas.
El caso Aldama y la potestad jerárquica bajo sospecha
La controversia en torno al caso Aldama incrementó aún más la desconfianza, ya que la investigación señaló que el fiscal Alejandro Luzón consideró otorgar un mayor beneficio a la confesión de Víctor de Aldama, pero tras discutirlo con Peramato se decidió finalmente mantener una reducción de pena más acotada.
De nuevo, jurídicamente puede argumentarse que el fiscal general tiene capacidad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal. Pero el problema es político: cuando una institución está cuestionada por su proximidad al poder, cualquier intervención en una causa sensible se interpreta como interferencia.
Que una actuación sea legal no borra de inmediato su impacto en la reputación. En el caso de Peramato, cualquier resolución justificable técnicamente termina resultando políticamente dudosa porque la confianza previa ya se había quebrado.
Ese es quizá el diagnóstico más grave: la Fiscalía ha perdido el beneficio de la duda.
Una entidad resquebrajada
Otro dato relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones al Consejo Fiscal mostraron que el sector crítico mantiene una posición fuerte. Esto no implica automáticamente una censura personal contra Peramato, pero sí confirma que la fractura interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha señalado una marcada falta de transparencia y ha criticado la ausencia de explicaciones convincentes. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, ha respaldado la validez jurídica de los nombramientos y ha acusado la existencia de una campaña destinada a desacreditar a la institución. Esto ha dejado una Fiscalía dividida en dos interpretaciones: para algunos, Peramato simboliza continuidad y defensa corporativa; para otros, aparece como blanco de una ofensiva política dirigida contra el Ministerio Público.
Aunque una fiscal general pueda sostener argumentos sólidos entre los suyos, su labor exige recuperar la confianza fuera de su propio entorno, y en ese terreno, el resultado obtenido hasta ahora sigue siendo frágil.
La crítica central: no basta con no estar imputada
La explicación más sencilla para Peramato consiste en afirmar que no está siendo investigada. Y eso es cierto. No obstante, esa justificación resulta insuficiente.
La exigencia a una fiscal general del Estado no puede limitarse a no estar imputada. Debe garantizar independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y distancia clara respecto de cualquier núcleo sometido a sospecha. En una institución tan sensible, la apariencia de protección interna puede ser casi tan dañina como la prueba de una irregularidad.
La investigación señala exactamente eso: no muestra a una Peramato acorralada por la justicia, sino a una Peramato políticamente constreñida por las decisiones que ella misma tomó.
Su principal problema no es haber participado en las reuniones del caso Leire Díez. El problema es no haber ofrecido todavía una explicación institucional suficientemente convincente sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la continuidad de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco es solo haber defendido a García Ortiz. El problema es que esa defensa se produjo cuando la Fiscalía necesitaba señales inequívocas de renovación, no de blindaje.
Una fiscal general sometida al escrutinio ciudadano
La conclusión más mesurada, aunque igualmente contundente, resulta evidente: Teresa Peramato no figura, según la información conocida, como imputada ni como implicada de forma directa en ninguna trama. Sin embargo, su labor ha quedado seriamente marcada por una cadena de decisiones que refuerzan la percepción de continuismo, de protección interna y de una notable falta de transparencia.
Su caso no es todavía el de una responsabilidad judicial acreditada. Es el de una responsabilidad institucional pendiente de explicación.
Y ahí está el punto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado necesita recuperar autoridad moral, no puede permitirse decisiones que parezcan diseñadas para proteger al antiguo núcleo de poder. Peramato tenía la oportunidad de marcar distancia, abrir ventanas y recomponer la confianza. Hasta ahora, sin embargo, su gestión ha proyectado demasiadas sombras y pocas señales de ruptura.
La Fiscalía no puede pedir confianza mientras actúa como si la sospecha fuera solo un problema de comunicación. La confianza se reconstruye con hechos, con transparencia y con decisiones que no parezcan hechas para los de siempre.
Teresa Peramato todavía puede demostrar que su mandato no será una prolongación del anterior. Pero para lograrlo necesita algo más que argumentos jurídicos: necesita una política clara de independencia visible. Porque en una institución tan dañada, no basta con ser legal. También hay que parecer limpio.
