Un tribunal colegiado federal revocó la resolución que mantenía vigente el proceso contra Francisco González Arredondo, exfiscal especializado en derechos humanos de Chihuahua, y determinó que la acusación presentada en su contra no contaba con elementos jurídicos suficientes para sostener su vinculación a proceso. La decisión cuestiona la forma en que la Fiscalía estatal planteó las acusaciones por presunta tortura psicológica.
Entre 2016 y 2021, González Arredondo lideró la denominada Operación Justicia para Chihuahua, un plan promovido durante la gestión de Javier Corral con el fin de indagar acerca de una supuesta trama de malversación de fondos públicos vinculada al mandato del exgobernador César Duarte. Como consecuencia de la alternancia en el poder del estado, resultó aprehendido en noviembre de 2022, transitando así de encabezar pesquisas anticorrupción a afrontar un procedimiento judicial.
La resolución judicial, dictada el 30 de julio a lo largo de un fallo de 109 páginas, determina que el Ministerio Público no especificó con la claridad debida en qué momento se habrían consumado los actos imputados al exfuncionario. A ojos del tribunal, dicha imigüedad mermó las oportunidades de González Arredondo para estructurar una defensa idónea frente a los cargos.
Uno de los principales cuestionamientos del tribunal se refiere al periodo utilizado por el Ministerio Público para situar los presuntos actos de tortura. La acusación abarcaba aproximadamente 21 meses, entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, pero no identificaba fechas concretas, circunstancias específicas ni la participación que habría tenido el exfiscal en cada uno de los hechos señalados.
Los magistrados también analizaron los registros audiovisuales correspondientes a las sesiones iniciales del trámite. Durante su revisión, constataron que la representación legal exigió reiteradamente la precisión temporal de las conductas imputadas, al tiempo que el Ministerio Público se limitó a señalar un extenso lapso aproximado de veinticuatro meses. A juicio del órgano judicial, dicha ambigüedad vulneraba de forma directa las garantías procesales para ejercer una adecuada contradicción.
La resolución de igual manera analizó el testimonio del denunciante. Los togados estimaron que la narración mostraba un desarrollo temporal inexacto en relación con los interrogatorios, intimidaciones y coacciones mencionadas, omitiendo precisar en qué momento sucedieron o en cuáles de dichos acontecimientos participó de forma directa González Arredondo.
El tribunal, compuesto por Marta Barrios, Mario Gámez y José Cornejo, determinó que los defectos vinculados al tiempo y al contexto de los sucesos asimismo complicaban precisar la posible intervención del ex fiscal y sembraban dudas sobre la existencia de pruebas bastantes para sostener el señalamiento.
El fallo suma, asimismo, un comunicado de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A lo largo del juicio de amparo, dicha institución expresó su inquietud sobre la hipótesis de que los procedimientos penales emprendidos contra González Arredondo fuesen una represalia vinculada a su labor en pesquisas sobre corrupción. El órgano jurisdiccional optó por integrar el escrito en el sumario con el propósito de valorarlo al emitir su sentencia.
González Arredondo había permanecido en prisión preventiva desde noviembre de 2022 hasta que un juez federal ordenó en marzo de 2023 que continuara el proceso en libertad. El nuevo fallo representa un revés para la acusación y modifica de manera significativa la situación jurídica del exfiscal, cuya trayectoria quedó estrechamente vinculada con las investigaciones anticorrupción realizadas durante el gobierno de Javier Corral.
El asunto cobra importancia en la discusión acerca de la utilización del sistema penal frente a servidores públicos y activistas de derechos humanos vinculados con pesquisas delicadas. El fallo resalta el deber gubernamental de presentar imputaciones exactas y salvaguardar las garantías del debido proceso para quienes enfrentan una causa penal.
Fuente: EL PAÍS — https://elpais.com/mexico/2026-08-08/la-justicia-desarma-el-caso-contra-el-fiscal-que-persiguio-la-corrupcion-en-chihuahua.html
