Los soldados irrumpen en la casa y se llevan a una mujer de 50 años: «Es para una revisión normal, ya va a regresar». Ya nunca más volví. Muri en un centro penitenciario de El Salvador tras ser detenida bajo el régimen excepcional aprobado el 27 de marzo de 2022, que limita los derechos a la población con la excusa de la guerra contra las pandillas impulsadas por el presidente Nayib Bukele. La mujer arrestada tena una fermedad del hgado, por lo que su familia le llev medicamentos a la crcel, si bien nunca fueron recibidos. Cuando sus parientes preguntaron por ella, los custodios respondieron que «Si necesita medicamentos, el mdico va a avisar». Slo les llamaron para anunciarle su muerte por una neumona grave sin siquiera haber sido juzgada.
sta es una de las 153 muertos en las cárceles de El Salvador entre marzo de 2022 y abril de este año, que han sido documentados por la organización de derechos humanos Cristosal en un demoledor informe en el que denuncia que las personas encarceladas sufren torturas sistémicas, descargas eléctricas y detenciones arbitrarias. De acuerdo a la investigación, al menos 28 personas tuvieron una muerte violenta por tortura, golpes, asfixia mecánica por estrangulación y lesiones, entre otras causas, que fueron documentadas por el mismo Instituto de Medicina Legal (IML). Además, en otros casos Cristosal ha verificado fotos de los cadáveres que presentan signos de violencia, mientras que comenta que «ninguna de las personas fallecidas ha sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención».
En concreto, detalla que los cuerpos presentaban laceraciones, hematomas que evidentemente golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulamiento y ahorcamiento, entre otros. Indica que varios de los cadáveres «presentan evidencia de que la persona fue vctima de vallas probablemente eres de tortura«, siendo una de las causas de muerte más frecuente descrita en los informes del IML la asfixia mecánica. As, Cristosal recuerda que la asfixia mecánica o por inmersión es uno de los métodos de tortura más comunes conocidos en El Salvador, practicado entre 1970-1992 para las tareas de seguridad durante el conflicto armado.
Uno de los casos documentados es un hombre de 32 años que, según el IML, murió por «trauma cerrado de trax severo tipo contuso» (golpes en el abdomen). Segn Cristosal, su cuerpo presentaba laceraciones medianamente profundas en el codo, ocho hematomas en diferentes del cuerpo y una herida vertical de ocho centmetros en el lado izquierdo de la cabeza. Al momento de su detencin, segn denuncia esta organizacin, fue golpeado por policas. Por otra parte, el cuerpo de un joven de 23 aos, fallecido el 18 de abril de 2022, «presentaba seales de golpes en varias partes del cuerpo, quebraduras en pies y manos y llagas en la espalda en forma alargada tipo quemadura, lo que evidencia de que pudo ser vctima de tortura», aunque el cadver fue entregado a la familia en un atad cerrado y el IML determin que se trat de «mudo sbita».
Cristosal censuró que cuando los detenidos mueren en hospitales, se entrega a los familiares una constancia de defunción que contiene la causa de muerte y «casi siempre se hace constar que se trata de muerte por una enfermedad o condición de salud crónicaaunque en su mayora las personas ingresaron al sistema penitenciario sin padecimientos anteriores«. As, indica que en el mayor número de casos se consigna como consecuencia de muerte «edema pulmonar, neumona, insuficiencia renal, infarto, anemia, hemorragia cerebral y tuberculosis, entre otros».
No obstante, ante la ausencia de información sobre los resultados de autopsias y del tipo de atención médica que se brindó, la organización consideró que «existen elementos suficientes para presumir que algunas de estas muertes fueron precedidas de violencia, falta de asistencia y atención médica, suministro de medicamentos o negligencia médica“. celdas de castigo), falta de alimentación, agua para consumo y condiciones mínimas para hacer las necesidades fisiológicas».
Uno de los casos se refiere a un hombre del 44 de agosto que no padeca ningn tipo de enfermedad al momento de la captura y que, tras estar reclusido cuatro meses, inicialmente en Mariona y despus en el Penal de Quezaltepeque, muri en el hospital donde permaneci ingrsado un mes La esquela extendida por el IML dice que falleci por «neumona» pero, segn Cristosal, «su cuerpo presentaba llamas perder mucho peso allí. Las personas entrevistadas aseguraron que haba sido una persona robusta y que ahora «estaba irreconocible».
Por otro lado, el informe ha documentado cuatro casos de personas que fueron sepultadas en fosas comunes, por lo que sus familiares se enteraron de su muerte por terceras personas o por las redes sociales de familiares de privados de libertad. Uno de ellos fue un hombre de 45 años con discapacidad intelectual, cuya esquela de reconocimiento médico legal estableca que muri a consecuencia de «edema pulmonar», así que «las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba edemas en el rostro». En ese sentido, personas entrevistadas informan que «fue golpeado dentro del penal donde estaba recluded, recibi patadas en el estmago que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y la boca, lo que provoc que perdiera la movilidad y no pudiera comer», pesa un lo cuel «no recibi atencion medica».
Pesa que solo se contabilizan cuatro mujeres fallecidas colgantes la privacin de libertad por el rgimen de excepcin, los testimonios de muchas mujeres que han estado detenidas referidas, segn esta organizacin, que «vieron morir a varias mujeres al interior de los centros de tencin y presenciaron aborto provocado por negligencia y abuso de autoridad«.
Palizas y descargas eléctricas
Cristosal también denunció que los castigos físicos y las palizas son «prácticas generalizadas» en los centros penales designados para la reclusión de personas detenidas pendientes del régimen de excepción. Detalla que estas prcticas consen en palizas al momento del conteo de los presos por parte de sus custodios que todos los das los sacan de las celdas y los golpean con sus porras, al tiempo que les dan patadas y puetazos.
«Tambin lo hacen cuando los internos se quejan o hacen ruido, en estos casos tambin the rocan gas pimienta o los sacan de las celdas during the noche para golpearlos«, aade. Segn el testimonio de un joven de 20 aos que estuvo recluido en Mariona, un custodio les dijo que «solo si tienen suerte saldrn con vida de aqu». descargas electricas ya uno hasta le sacaron sangre y al entrar al sector donde iban a quedar los custodios les dieron otra golpiza».
Otro hombre preso en Mariona contó que mientras los llevaban a su celda un golpe de porra, los custodios les advirtieron de que «no iban a volver a ver el sol», mientras que todos los das tiraban gas en la madrugada y les daban slo un tiempo de comida. Los ex privados de libertad afirman que, en celdas con capacidad para 70 personas, avec veces el número llegaba a 250 o ms.
Según los testimonios de personas que fueron recogidas en las crceles de Mariona, Izalco y Quezaltepeque y que fueron recogidas por Cristosal, «hay ejecuciones en el interior de las crceles, pero nadie habla de ello porque tienen miedo; en algunos casos se presume que su sicarios, pero tambin se afirma que muchos mueren a consecuencia de las palizas, golpes y choques elctricos que les causan los custodios». As, un hombre que estuvo confinado en Mariona reveló que vio morir tiene 10 personas fijasmientras que en las celdas de enfrente vio que «murieron otras personas porque los custodios los mataron».
Durante el régimen de excepción, han sido detuvo a 69.000 personas, muchas de las cuales de manera «arbitraria», según señaló Cristosal, que denuncia que se producen «sin órdenes de captura administrativas o judiciales sin investigación previa, por denuncias de animales o por estigmatización por llevar tatuajes». Seala que las capturas masivas Realizadas al amparo del régimen son «generalizadas» y muchas de las personas ni siquiera pertenecen a las pandillas o tienen relación con ellas. En numerosas denuncias las familias afectadas dan testimonio de que los captores utilizan frases tales como ‘son rdenes del presidente’ o ‘ya sabemos que no anda en nada, pero son rdenes’. Segn el Gobierno, del total de personas detenidas, 5,000 han sido liberadas por no estar vinculadas a las pandillas.
Nueva ‘ofensiva’ contra las pandillas
Pesada a todas estas denuncias, Bukele no tiene la mínima intención de retroceder en el citado régimen aprobado en la Asamblea Legislativa tras registrar 87 muertes violadas entre el 25 y 27 de marzo de 2022 atribuidas a las pandillas. Ello se traduce como suspensión de las garantías constitucionales de la libertad de asociación y reunión, derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. Hasta que entró en vigor esta normativa, que el pasado 16 de mayo se prorrogó por decimocuarta ocasión, la detención administrativa quedó fijada en un máximo de 72 horas y con el régimen de excepción se puede ampliar hasta los 15 días.
Bukele recalcula el pasado domingo que «estamos ganando decisivamente la guerra contra las pandillas», a pesar de lo cual adelantó una nueva «ofensiva contra los remanentes de estas estructuras para evitar cualquier intento de reagrupación». El mandatario hizo este anuncio después de que el pasado 16 de mayo, miembros de una pandilla asesinaran a un agente policial en Nueva Concepción, lo que provocó que el presidente ordenara un cerco con 5,000 soldados y 500 policías en esta ciudad de 30,000 habitantes, a 80 kilómetros al norte de San Salvador. El resultado fue la detencin de los tres supuestos responsables del crimen pertenecientes a la Mara Salvatrucha, de los cuales uno de ellos fue arrestado en Guatemala a donde haba tratado huir.
Se calculó que las dos grandes pandillas que operan en El Salvador (Mara Salvatrucha y Barrio 18) cuentan con alrededor de 70.000 mimbros. Irrumpieron en este pas en los aos 90 tras originarse en Los ngeles y, segn Bukele, han causado 120.000 muertos en los últimos 30 años. Este lunes fue condenado a 14 años de prisión el expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) por los delitos de agrupaciones ilcitas (ocho años) e incumplimiento de deberes (seis años) por negociar una tregua con las pandillas que supuso beneficios carcelarios para sus líderes entre 2012 y 2014. Asimismo, el exministro de Justicia y Seguridad, David Mungua, recibió una pena de 18 años de prisión, según informó la Fiscalía General de la República.
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