En enero de 2023, Jair Bolsonaro dejó de ser presidente de Brasil y además de perder el poder, perdía también la inmunidad. Perdió el derecho al fuero especial, conocido popularmente como fuero privilegiado y de esta manera ya tenía que hacer frente a los procesos judiciales contra él.
Este jueves será juzgado por abuso de poder. El primero de una serie de procesos previstos contre el expresidente que podría desde inhabilitarlo hasta llegar a la cárcel.
Mientras Bolsonaro fue presidente, el fuero privilegiado garantizó que solo fuera objecto de investigaciones criminales con autorización del Supremo Tribunal Federal (STF). Otro privilegio: sólo podía ser denunciado por la Procuraduría General de la República (PGR), con una previa autorización de la Cámara de Diputados y el STF era el único tribunal que podía juzgarlo.
Ya no es así. Bolsonaro, como tal ciudadano, puede responder de nuevo ante la justicia común y como fiscal puede presentar cargos en su contra, que serán analizados por jueces de primera instancia.
¿Cuál son todos los casos por los que Bolsonaro tendrá que responder ante la Justicia?
Abuso de poder político
El Tribunal Superior Electoral (TSE) analizó al juez si el abuso de poder político y el uso indebido de los medios de comunicación durante una reunión que Bolsonaro celebró en Brasilia con los embajadores, el 18 de julio de 2022.
Este día exhibió una presentación con desinformación sobre las urnas electrónicas y sugirió la participación de las Fuerzas Armadas para “corregir las fallas” del sistema de votación, menos de tres meses antes de los comicios presidenciales, en los que fue derrotado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Ante el TSE se tramitan en total 16 casos por los que se puede declarar Bolsonaro «ilegible».
Eso incluye acciones por ataques verbales al sistema electoral o por supuesto uso de la maquinaria pública en beneficio propio Durante los comicios.
Si resultara condenado, se le podría prohibir disputar elecciones por ocho años, dejándolo fuera de las presidenciales de 2026.
Bolsonaro sufrió cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), sujeto a penas de prisión.
Cuatro fueron abiertas su presidencia (2019-2022), mientras que enero Durante la última es investigado como presunto instigador del asalto a las sedes de los tres poderes por parte de sus seguidores el 8 de en Brasilia.
En uno de los casos, Bolsonaro está acusado de interferir con la policía para proteger a familiares sospechosos de corrupción.
También es investigado, en otro caso distinto al del TSE, por difundir información errónea sobre las urnas electrónicas.
Filtrado de información
Las otras dos pesquisas son por haber filtrado informaciones confidenciales de una investigación policial sobre un ciberataque al tribunal electoral y por declaraciones sur la pandemia de covid-19, cuando se asoció la vacuna con un supuesto riesgo de contreer HIV.
Sin fueros especiales tras dejar la presidencia, también debe responder a procesos en primera instancia.
Entre ellos, está señalado por “subversión al orden” por su participación en manifestaciones con carteles antidemocráticos el 7 de septiembre de 2021.
If fuera condenado de forma definitiva ya las penas máximas por esos delitos, el expresidente se enfrentaría caso 40 años de prisión.
Bolsonaro también está sujeto a una investigación de la Policía Federal (PF) por varios conjuntos de joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de manera irregular en 2019.
Las alegrías involucradas en el escándalo incluyen un juego de collar y colgantes de diamantes destinados a la ex primera dama Michelle, valorados por el precio en 3,2 millones de dólares.
Este conjunto fue incautado por la aduana cuando una comitiva ministerial intentó ingresarlas a Brasil en 2021.
El caso puede configurar delito de peculado (apropiación de bienes públicos) o tributario, por el ingreso de bienes privados sin la declaración debida y pago de impuestos.
Bolsonaro negó haber cometido ningún crimen en su declaración en abril ante la PF.
También negó en mayo haber obtenido en la supuesta falsificación de su certificado de vacunación contra el covid-19, así como de otros allegados.
En el marco de esa investigación, la Policía allanó la casa del expresidente, un escéptico del covid que siempre aseguró que no estaba vacunado.