La investigación que rodea a Leire Díez, conocida como la «fontanera del PSOE», ha cobrado fuerza tras las declaraciones de dos testigos clave que han confirmado ante el juez la autenticidad de polémicos audios. Estas grabaciones arrojan luz sobre una reunión en la que, presuntamente, se planificaron maniobras para obtener información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y altos funcionarios de la Fiscalía. Las revelaciones han intensificado la atención sobre los posibles vínculos del PSOE en estas acciones, justo cuando el caso Begoña Gómez, que afecta a la esposa de Pedro Sánchez, continúa avanzando judicialmente.
Avalan credibilidad de las grabaciones
Según lo expuesto ante el juez Arturo Zamarriego en la Audiencia Nacional, los testigos ratificaron que los audios divulgados por diversos medios reproducen fielmente las conversaciones que tuvieron lugar durante un encuentro celebrado en febrero de 2024. En dicha cita estuvieron presentes Leire Díez, el empresario Alejandro Hamlyn (investigado por fraude fiscal) y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros. Hamlyn, conectado por videoconferencia desde Dubái, supuestamente se mostró dispuesto a facilitar información delicada mientras se abordaban posibles “favores judiciales” dentro del intercambio planteado.
Díez, señalada por su presunta implicación en acciones para desestabilizar investigaciones judiciales clave, ha negado cualquier vínculo concreto con operaciones políticas. Sin embargo, los testigos detallaron cómo la reunión acabó derivando hacia discusiones sobre la UCO, con la participación directa de Díez y Javier Pérez Dolset, también investigado en el caso.
¿Existen presiones vinculadas con el caso Begoña Gómez?
El contexto de esta reunión adquiere una relevancia fundamental. En esas mismas semanas de febrero de 2024 comenzaron a difundirse informaciones sobre supuestas irregularidades vinculadas con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Aquellas revelaciones terminaron derivando en diligencias judiciales iniciadas en abril de ese mismo año. La sospecha que planea sobre el caso es si las actuaciones encabezadas por Díez buscaban obtener datos que pudieran emplearse para ejercer presión sobre miembros de la UCO y de la Fiscalía, quienes investigaban actividades atribuidas a Gómez.
Además, un punto clave en la investigación es una reunión posterior que Leire Díez habría mantenido con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, en la sede del partido en Ferraz. Según la declaración de Díez, el objetivo del encuentro fue informar a Cerdán sobre las gestiones realizadas y la información recopilada, una afirmación que incrementa las especulaciones sobre la posible implicación del PSOE en estas operaciones.
Investigación de delitos
El juez Zamarriego está instruyendo el caso que involucra a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, bajo sospecha de delitos de cohecho y tráfico de influencias. Estas acciones habrían sido parte de un plan más amplio para obtener datos sensibles y utilizarlos como herramienta de presión contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil.
El caso ha puesto a Ferraz bajo un escrutinio considerable, con una pregunta central aún sin respuesta definitiva: ¿hasta qué punto las maniobras de Díez estaban avaladas o patrocinadas por el PSOE y sus dirigentes? Las declaraciones de los implicados se dividen entre negar cualquier conexión política y apuntar a posibles intereses dentro del partido.
Una disputa que sigue sin aclararse
Si se confirma que las actuaciones de Díez y su círculo estuvieron alineadas con el PSOE, las repercusiones políticas serían de gran calado, sobre todo en un escenario donde el Gobierno lidia con otras pesquisas judiciales que inciden en su liderazgo. Al mismo tiempo, la atención permanece centrada en la red de vínculos que rodea a la llamada “fontanera del PSOE” y en cómo estas maniobras podrían influir en la imagen de integridad y transparencia del partido que gobierna.
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