Oponerse al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua se paga con la vida –casi 400 personas fallecieron durante el estallido social de 2018–, con la cárcel y la deportación forzosa –222 presos políticos fueron enviados a EE.UU.–, con el exilio – son miles los nicaragüenses que han tenido que huir del país– y con la muerte civil. Esta última supone perder la nacionalidad, los bienes, las cuentas bancarias, las titulaciones universitarias y los expedientes académicos. En pocas palabras, el régimen busca borrar el pasado y dejar sin futuro a todos aquellos que disienten.
douglas castro es uno de estos casos, aunque menos mediático que otros. Economista y sociólogo, de 35 años, huyó de Nicaragua en octubre de 2021 “en el contexto electoral que fue declarado como farsa electoral”, explica al otro lado del teléfono a ABC. Meses antes fueron detenidos los precandidatos a la Presidencia de Nicaragua.
Miembro de varios del Consejo Directivo de la Alianza Universitaria (AUN) y de la Alianza Cívica, Castro vio como su círculo más cercano “se iba estrechando” y muchos de sus compañeros eran detenidos. “Yo sufría acoso policial y de los grupos paraestatales del Gobierno”, recuerda. Muy activo en las protestas de 2018, formó parte de las negociaciones entre Gobierno y oposición. “Tenía el perfil para ser detenido”.
Decidió salir del país de forma clandestina, primero a Costa Rica, y de ahí viajó a Colombia –su mujer es colombiana–, dio el “salvoconducto” que se quedó en el país, “pero no me da derecho ni a estudiar ni a trabajar». En marzo de 2022, hizo los trámites para pedir refugio en ese país, y regularizar su situación, pero todavía no ha recibido respuesta. Mientras tanto, su pasaporte nicaragüense ha caducado, y el Gobierno de Ortega no le permite renovarlo, por lo que se encuentra “en un limbo”, convirtiéndose en una “apátrida de facto”.
La promesa de Petro
Esto le ha obligado a rechazar varias porque para ampliar su formación en prestigiosas instituciones internacionales, entre ellas, una para cursar una Maestría de Estudios Latinoamericanos en Oxford, en Reino Unido, que ganó el año pasado, y no pudo aceptar “porque mi pasaporte había caducado”.
Como muchos nicaragüenses forzados al exilio, recibieron con esperanza la promesa que hizo el presidente colombiano, Gustavo Petro, el pasado mes de febrero –cuando el Gobierno de Ortega despojó de la nacionalidad a más de 300 personas– de ayudar a aquellos perseguidos por el régimen por Ortega. “Pero estas palabras no se han hecho realidad”, pues hasta el momento esta asistencia solo se circunscribe “a los que aparecen en esas listas”, dice con cierta frustración.
Me gané una Beca de @UniofOxford para estudiar la Maestría en Estudios Latinoamericanos en el @LACOxford. Sin embargo, no puedo concretar este logro. ¿Para que? Siendo apátrida de facto, el régimen de Ortega se niega a renovar mi pasaporte y estoy en un limbo migratorio en Colombia. 1/6. pic.twitter.com/CzMudBaH1y
—Douglas Castro (@doucastroq) 16 de junio de 2023
Este año, volvió a aplicar à la misma beca en Oxford y se concedieron, pero su situación no ha mejorado. Sin embargo, en esta ocasión ha cedido para denunciar su caso a través de las redes sociales, envíe en su cuenta de Twitter tanto las invitaciones internacionales como las promesas realizadas por el Gobierno de Petro. Tan solo tiene un mes para encontrar una solución: que Colombia reconoce su estatus de refugiado o que otro país le ofrece un pasaporte.
“El régimen de Ortega continúa violando nuestros derechos a pesar de que estemos fuera de las fronteras de Nicaragua. Hasta ahora, las promesas de protección internacional son solo eso: promesas”, lamentó Castro, que ve cómo se ve esfumar su sueño académico.