Ha sido publicado una de las listas más famosas y tímidas de la región centroamericana. Se trata del Artículo 353, sobrio el informa sobrio actores corrupto y antidemocráticoque es mejor conocido como la ‘Lista Engel’.
El informa, que se remite al Congreso de los Estados Unidos y que es firmado por miembros tanto del partido Demócrata como del Republicano, notifica sobre personas extranjeras que, «a sabiendas, han utilizado en acciones que Socavan procesos o instituciones democráticasCorrupción significativa y entorpecimiento de investigaciones sobre hechos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, del acuerdo con la descripción que hace el documento.
Informa identificado con las personas ajenas que según el gobierno de Estados Unidos, han participado en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, en actos de corrupción significativos ó en la obstrucción de investigaciones sobre hechos de corrupción, en estos países centroamericanos.
Condena al sector justicia guatemalteco
Diez personas han sido incluidas en el capítulo guatemalteco del informe. Todos los señalados son miembros cercanos al gobierno de turno del presidente Alejandro Giammattei. Empresarios cercanos a su círculo de poder, exfuncionarios y funcionarios de su gobierno y, sobre todo, operadores de justicia de tribunales y fiscales que han demostrado una actuación en línea con los intereses de Giammattei.
Dentro de los señalados destacan jueces e impuestos del actual Ministerio Público. Tal es el caso de Fredy Orellana Letona, el juez del Juzgado Septimo Penal, qu’ha estado en el ojo público por la actual persecución de su juzgado contra el partido Semilla, que busca llevar al candidato Bernardo Arévalo a la presidencia el 20 de agosto . Según Estados Unidos, el juez Orellana “socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
Un caso parecido es el del juez Jimmi Bremer, también señalado en esta lista. Estados Unidos señala que el juez “procesos socavó o instituciones democráticas para autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por eje su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”. Bremer fue autorizado a que una fiscalía investigara a un reportero del periódico, por escribir reportajes y artículos sobre la persecución del gobierno contra su financiador y presidente, el premiado periodista José Rubén Zamora. De igual forma, la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Cinthia Monterroso también ha sido incluida. Monterroso ha sido el artífice de las principales peticiones de la fiscalía para clausurar medios de comunicación críticas y perseguir a periodistas y opositores del gobierno.
Dos expresidentes de El Salvador
El capítulo salvadoreño incluye seis personas. Muy exfuncionarios del Banco Hipotecario (Carlos Alberto Ortiz, Carlos Enrique Cruz Arana, Jolman Alexander Ayala), atrás expresidentes de la Nación (Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén) y finalmente, a José Miguel «Mecafe» Antonio Menéndez Avelar, ex -presidente del Centro de Ferias y Convenciones.
Destacan los dos expresidentes. De acuerdo con EE.UU, Funes Cartagena, se involucró en una importante trama de corrupción «al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcadas del Estado » . De igual manera, señala a Sánchez Cerén, de «lavar dinero colgante su mandato como vicepresidente, recibir personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio», participando en «un plan para desviar $183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y el supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente”.
El Partido Liberal de Honduras, en la mira
El informe estadounidense, en su capítulo hondureño, ha incluido a diez personas, entre las que destacan tres miembros de uno de los partidos de oposición, el Partido Liberal de Honduras. En la lista de licenciados liberales aparecen Samuel García, Alexander López y Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, una de las incorporaciones más relevantes, el actual presidente del Partido Liberal de Honduras y uno de los líderes de la oposición al gobierno de Xiomara Castro. Rosenthal “socavó los procesos o las instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político”, de acuerdo con Estados Unidos, que señala que también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para «Eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar».
Con la mirada de la Asamblea Nacional nicaragüense
El listado nicaragüense es el que más personas alberga; 13 mimbros. Tal como el caso guatemalteco, todos los señalados pertenecen no solo a los círculos cercanos del dictador Daniel Ortega, pero también a su gobierno. Destacan cuatro perfiles de la Asamblea Nacional, entre los de Arling Patricia Alonso Gómez, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Gladis de los Ángeles Báez, actual vicepresidenta segunda; Loria Raquel Dixon Brautigam, actual Secretaria Principal; y Alejandro Mejía Ferreti, actual tercer secretario de la Asamblea Nacional. La Lista Engel afirma que los cuatro socavaron «procesos o instituciones democráticas al participante en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo».
También ha sido señalado la Fiscal General, Wendy Carolina Morales Urbina, quien de acuerdo con Estados Unidos, “socavó los procesos o las instituciones democráticas al utilizar la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal”. El gobierno estadounidense también la señala de incautar “propiedades de millas de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación”.
Efectos de Engel en Centroamérica
En EE.UU., las personas que aparecen en esta lista no son elegibles para visas y admisión al país. El Informe señala que de ser señalado en este listado y contar con un visado vigente, este “será revocado inmediatamente y cualquier otra visa o documentación válida de entrada” será “cancelada”. Sin embargo, la Lista Engel en los países de origen de los señalados no tiene un efecto judicial directo, pero sí tiene un efecto político y social. Sobre todo por la influencia que ejercen Estados Unidos en la región centroamericana, de que es su principal socio político y comercial.
Ser parte de la Lista Engel es también una condena moral y ética generalizada. Una condena cuestionable, claro, pero real. La Lista Engel se hace pública desde hace tres años. In 2021 vio la luz y desde entonces, es esperada con ansias por la prensa, sociedad civil y los mismos gobiernos. De hecho, el de Guatemala ha publicado un comunicado apenas unas horas después de publicada la lista y ha condenado enérgicamente este informe.
El comunicado, compartido vía redes sociales, señala que esta publicación «viola el principio universal de presunción de inocencia» y considera que es «una herramienta política en contra de operadores de justicia que no responde a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país (Guatemala)” y que de esa manera EE.UU busca “imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, perjudicando los derechos humanos de los señalados y quebrantando su presunción de inocencia y derecho al debido proceso”. , aún no había pronunciamientos de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua.