La orden de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de no oficializar los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio solo puede verter como una intención de ‘corrector’ la voluntad popular, logrando que eventualmente el candidato del presidente Alejandro Giammattei pase a la segunda vista. Para ello, una “revisión” de las actas de votación deberían desbancar a Bernardo Arévalo, del partido socialdemócrata Semilla, quien resultó quedando en segundo lugar, tras la conservadora Sandra Torres, de UNE.
Vista la utilización de jueces y tax y el deterioro democrático protagonizado por Giammattei, el intento de pucherazo electoral es muy creíble, por lo que esguida la comunidad internacional –des de la OAS à la UE, pasando por el Departamento de Estado norteamericano– se ha volcado denunciando la maniobra. El Tribunal Supremo Electoral, muy influenciado por Giammattei, ya salió su parcialidad echando de la carrera de las presidenciables a varios candidatos con claras posibilidades. Por su parte, la fiscal general, Consuelo Porras, ha señalado en la persecución de antiguos jueces y fiscales y periodistas que han cuestionado actuaciones gubernamentales, mostrando temor a contradecir los intereses oficialistas.
Dada la dispersión de voto y el elevado número de personas insatisfechas con el sistema político y la oferta partidista (hubo un 17.4% de votos nulos y un 7% de votos en blanco, por lo que casi una cuarta parte de quienes votaron évitó respaldar a ningún candidato), el apoyo a cada presidenciable fue mínimo. Sandra Torres obtiene un 15,86% y Bernardo Arévalo un 11,78%. Por tanto, cuando se presentó ante Arévalo como el gran triunfador de la primera vuelta –certamente fue una sorpresa que daría por delante del oficialista Manuel Conde, de Vamos (7,84%)– hay que recordar que en términos absolutos apenas superó el apoyo de uno de cada votante diez. No obstante, de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto, Arévalo está en buenas condiciones para atraer una parte importante del voto de protesta. Torres, en cambio, cuenta con un notable rechazo: el 41,3% de los guatemaltecos han dicho que nunca votarían por quien fue esposa del presidente Álvaro Colom (2008-2012) y simboliza algunos de los vicios políticos del ‘establishment’.
Con una votación tan baja, diríase que un ‘retoque’ en el reparto de votos no sería tan complicado. No obstante, quitar unos 100.00 votos a Arévalo y añadírselos a Conde no es tarea fácil, máxime cuando va a haber un gran escrutinio internacional. La orden de que la Corte de Constitucionalidad haya trasladado al Tribunal Supremo Electoral se refiere únicamente al cotejo de actos, y no a un nuevo recuento de votos. La alegación presentada por diversas partes de la derecha se refiere a un millar de actas, de las algo más de 120.000 actas procesadas, con lo que en realidad no parece haber margen para ningún cambio sustancial. En esta circunstancia, la forma más normal de alterar el resultado electoral será con la repetición de la primera vista. Eso, no obstante, tendrá un importante coste de reputación internacional; además, la publicidad alcanzada ahora por Arévalo fácilmente llevaría a mejorar notablemente el apoyo social, con lo que sería muy difícil evitar que en caso pasara de nuevo a una segunda vuelta. Las elecciones al Congreso, que se realizaron el mismo día, no han sido de momento cuestionadas: allí ganó el oficialista Vamos (39 puestos), seguido de UNE (28) y Semilla (23).
Quitar unos 100.00 votos a Arévalo y añadírselos a Conde no es tarea fácil, máxime cuando va a haber un gran escrutinio internacional
Hijo de un presidente de buen recuerdo –Juan José Arévalo (1945-51) fue el primer presidente elegido democráticamente y gobernó antes del colapso democrático del golpe contra Árbenz de 1954– el candidato de Semilla, nacido en el exilio, desarrollado su carrera profesional fuera de la política hasta qu’en 2018 creó su propio partido como respuesta al renacido ambiente de corrupción política. Las protestas sociales por la corrupción ya supusieron en 2015 la caída de Otto Pérez Molina; en cuyo contexto se creó la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, pero la creciente presión de esta comisión sobria al ‘establishment’ político nació en 2018 por parte del presidente Jimmy Morales, cuyo entorno familiar también comenzó a ser investigado, ya su disolución en 2019.