La inhabilitación política por 15 años que pretendió aplicar el régimen de Nicolás Maduro contra María Corina Machado, favorita para ser la candidata presidencial de las primarias de la oposición que se celebrarán en octubre, por convalidación legal y sin nulidad. Así lo han expresado varios juristas tras conocerse la noticia.
Esta saltó cuando, este viernes, el diputado oficialista José Brito, vinculado al grupo de chavistas ‘alacranes’, leyó un oficio de la Contraloría General (tribunal de cuentas) en el que declaró la inhabilitación contra Machado para ejercer cargos de lección popular durante 15 años, después de una investigación patrimonial por intento supuestamente contra la “ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía” de Venezuela. El extraño documento que presentó Brito no está firmado por el contralor general, Elvis Amoroso, sino por Antonio Meneses, director general de procedimientos especiales de la contraloría.
La Contraloría General no especificó desde cuándo comenzó a contar política esta inhabilitación, ya que en 2015 la institución aplicó esta medida por un año, con el argumento de que Machado no incluyó “conceptos” de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio, lo que le impidió en ese momento postula como diputada para el Parlamento.
El abogado Gerard Blyde, jefe negociador en la mesa de diálogo por parte de la Plataforma Unitaria de Venezuela, fue enfático en su cuenta de Twitter al señalar que nadie –ni María Corina– puede ser inhabilitado administrativamente. “Solo mediante sentencia judicial penal definitivamente firme puede como pena accesoria impedirse el ejercicio de derechos políticos (Art. 65 de la CN). Lo hemos sostenido desde que entró en vigencia la Constitución de 1999. Ni María Corina Machado, ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente”, subraya.
Según el artículo 65 de la Constitución venezolana, «no podrá optar a un cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos Durante el ejercicio de sus funciones y otros qu’afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
Solo mediante sentencia definitivaly firm puede como pena accesoria impedirse el ejercicio de derechos políticos (Art. 65 CN) Lo hemos sostenido desde que entró en vigencia la CN de 1999. Ni @MariaCorinaYA ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente
— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde) 30 de junio de 2023
El abogado alfredo romero, director de la ONG Foro Penal, explicó algunas consideraciones técnicas de la supuesta “inhabilitación política” a Machado a través de Twitter: “L’inhabilitación es un acto administrativo qu’adquiere ‘eficacia’ cuando se notifica al particular. La carta enviada tiene un tercero no otorga eficacia a ese acto supuestamente de 2015”.
Por lo que “el acto administrativo que decide la inhabilitación requiere de un procedimiento administrativo previo y respeta al derecho a la defensa. Si esto no existió, el acto estaría viciado se nullidad absoluta”, subrayó Romero en redes sociales.
Condena Internacional
Tras conocerse la noticia de la inhabilitación, han sido numerosas las muestras de apoyo hacia María Corina Machado, tanto por parte de sus compañeros que compiten en las primarias, como de parlamentarios europeos que repudiaron la maniobra chavista y se solidarizaron con la líder venezolana. Allá Organización Democristiana de América también se pronuncia calificando su inhabilitación de “maniobra para debilitar el proceso electoral y de suprimir de la vida política a la oposición”.
Por su parte, el Gobierno de EE.UU. resumió la decisión de la Contraloría que “privó al pueblo venezolano de recursos políticos básicos”, dijo Matthew Miller, en un comunicado de prensa.