Do hace algún tiempo, una música desagradable se escucha en nuestros oídos como abogados. Si los discursos populistas siempre han puesto en tela de juicio algunos de nuestros principios fundamentales en nombre de la seguridad y de la eficacia de la justicia (recordemos que Francia es el país de los derechos humanos, es también el país del insulto “derecho al homismo” ), la novedad es que este discurso se está difundiendo en los círculos políticos, jurídicos e intelectuales sin que las reacciones parezcan acordes con las cuestiones en juego.
Actualmente es el ámbito de la violencia sexual el que cristaliza la banalización de este tipo de propuestas. Evidentemente, todos coinciden en que liberar la voz de las víctimas es beneficioso y que ha permitido a la justicia hacer balance de su retraso y de las resistencias institucionales que la aquejaban.
Sin embargo, esta liberación va acompañada, de un auge mediático y digital imposible de contener, de una retórica preocupante sobre el tratamiento judicial de estos casos. El resultado es una prohibición pura y simple de la defensa, al designar los mecanismos más básicos del procedimiento penal como herramienta del adversario al servicio de la impunidad.
Lo que sigue es el cuestionamiento de los principios esenciales, en particular la presunción de inocencia y su corolario, la carga de la prueba, cuya impugnación ya no es tabú.
Para el 69% de los franceses, nuestras élites deberían dimitir sistemáticamente en cuanto son acusadas de violencia sexual, antes de que se pronuncie una condena, lo que equivale a negarles todo derecho de acceso a la presunción de inocencia. Ésta es la desesperada lección de una encuesta de OpinionWay de diciembre de 2023.
En el mismo sentido, ya no es excepcional escuchar a los políticos sostener que la aplicación de nuestras normas jurídicas debería dejarse de lado en nombre de nociones tan grotescas como “ sentido común «. Por ejemplo, Juliette Méadel, ex Secretaria de Estado, estimó en una columna en el Mundo eso “Las víctimas deben poder beneficiarse de un sistema de prueba adecuado, que haga excepción al derecho consuetudinario. El espíritu de justicia y el sentido común lo dictan”.
Pendiente peligrosa desde los años 2000
También es la Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise) la que afirma, en su informe hecho público en noviembre de 2023, que estos principios son “una buena tabla”, es decir, pretextos para no proteger a los niños porque siempre es para justificar la negativa a proteger que se esgrimen.
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