El entonces candidato presidencial de la alianza PAN-Podemos se convirtió en el primer aspirante a la Presidencia sancionado durante el proceso electoral de 2019. El Tribunal Supremo Electoral detectó publicaciones y publicidad pagada en redes sociales que incumplían las disposiciones electorales.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala impuso una multa de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, en aquel entonces aspirante a la presidencia por la alianza formada entre el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de publicidad electoral extemporánea en plataformas digitales.
La sentencia transformó a Arzú en el primer candidato presidencial castigado en dichos comicios por esta clase de falta. El fallo nació a raíz de los expedientes redactados por la Inspección General junto con la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, las cuales se dedican a vigilar el acatamiento de las disposiciones de proselitismo político.
Las publicaciones que motivaron la sanción
Las entidades electorales registraron 13 publicaciones en el perfil privado de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el fin de incrementar su visibilidad. Asimismo, detectaron 11 mensajes en Twitter que se sumaron a los expedientes empleados para justificar la medida disciplinaria.
Entre los materiales analizados aparecían textos donde el aspirante exponía iniciativas gubernamentales enfocadas en el turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los fármacos.
Dichas publicaciones respaldaban a aspirantes a gobiernos locales del mismo partido, tal es el caso de Wagner Roldán, quien buscaba la jefatura edilicia de Mixco bajo la bandera de Podemos.
El inconveniente apuntado por el TSE no consistía únicamente en que Arzú empleara plataformas digitales para difundir sus iniciativas políticas, sino en que acudía a instrumentos de propaganda electoral que contravenían la normativa vigente.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron limitaciones para la contratación de publicidad política. En el transcurso de los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro ante el TSE en calidad de proveedores autorizados dentro del esquema mediático de propaganda electoral.
En consecuencia, la contratación de anuncios políticos pagados en esas plataformas podía constituir una infracción a la legislación electoral.
Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación
El castigo no recayó únicamente sobre el aspirante a la presidencia. De acuerdo con lo publicado por Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas tasadas en 80 mil dólares por cabeza.
De esta forma, las multas impuestas al aspirante y a ambas agrupaciones políticas sumaban en total 240 mil dólares.
Los dictámenes podían ser objetados por Arzú y sus socios políticos a través de los recursos previstos por la normativa electoral.
No obstante, el 27 de mayo de 2019 se dio a conocer que el Tribunal Supremo Electoral había desestimado las impugnaciones interpuestas frente a las penalizaciones, motivo por el cual dichas sanciones adquirieron carácter definitivo en dicha instancia.
El valor personal que se le impuso a Arzú alcanzaba en ese momento los 614 mil quetzales, un importe bastante significativo dentro del sistema de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La penalización de 2019 cobró mayor trascendencia en el transcurso de los siguientes años, momento en el cual Roberto Arzú debió afrontar nuevos cuestionamientos por parte del Tribunal Supremo Electoral a raíz de su participación política y su manejo de las redes sociales.
En el proceso electoral de 2023, las controversias relacionadas con la propaganda anticipada y las sanciones electorales formaron parte del conflicto jurídico que terminó con la revocación de su inscripción como candidato presidencial por Podemos.
Sin embargo, es preciso diferenciar ambos acontecimientos: tanto los fallos dictados en 2019 como el trámite de exclusión llevado a cabo en 2023 se refieren a procesos electorales distintos, cada uno con sus propias vías de impugnación y circunstancias previas.
De este modo, el episodio de 2019 representa uno de los choques iniciales de los que se tiene registro entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, pone de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en el momento en que las campañas empezaron a volcar una porción sustancial de su labor hacia las plataformas digitales.
Orígenes
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Sanciones e impugnaciones electorales (2019)
Prensa Libre — Fallo de la CC acerca de los comicios de 2023
